Por años en Bolivia aprendimos que protestar era parte del juego: marchas, cabildos, huelgas y bloqueos fueron herramientas para que la gente se haga escuchar. Muchas veces sirvieron para sacar a la luz problemas que las autoridades no querían ver, pero hoy esa costumbre está perdiendo su sentido y nos está pasando factura a todos.
Hoy hay grupos que hablan como si fueran “todo el pueblo”, pero en realidad defienden intereses muy puntuales, a veces enfrentados entre sí. Organizaciones, sindicatos y agrupaciones se multiplicaron en la última década bajo lógicas políticas que terminaron fortaleciendo una presión constante sobre el Estado y también sobre la ciudadanía misma. Eso funcionó hasta cierto punto; el problema es cuando la protesta deja de ser la excepción y se vuelve rutina.
La Paz vive entre paros, marchas y bloqueos que paralizan la ciudad: se complica el transporte, se frena la economía y se pega duro a los que viven del día a día. Mientras los dirigentes negocian espacios de poder o reclamos sectoriales, miles de vecinos caminan largas distancias, pierden jornadas de trabajo o simplemente terminan resignándose a convivir con el desorden.
La gente ya está cansada. Harta de que cualquier conflicto termine cerrando calles y avenidas; harta de que se use el sufrimiento colectivo como arma de presión política; y harta de que se nos quiera obligar a pensar que quien no apoya un bloqueo está contra las “luchas sociales”.
La protesta pierde credibilidad cuando deriva en intolerancia. En los últimos conflictos se ha visto —con demasiada frecuencia— agresiones verbales y hasta físicas contra quienes no están de acuerdo. Se ataca a gente que solo quiere trabajar, moverse o dar otra opinión, y eso va contra lo que debería ser el espíritu democrático de cualquier movilización.
También preocupa la normalización de actos vandálicos. Romper bienes públicos, atacar instituciones o amedrentar a terceros no se puede justificar con la frase “son pedidos legítimos”. Una demanda puede ser justa; la violencia no. Cuando el vandalismo pasa a ser parte del repertorio, la protesta deja de ofrecer soluciones y empieza a romper la convivencia entre vecinos.
Bolivia tiene que recuperar el sentido de responsabilidad colectiva. Protestar es un derecho, sí, pero también es derecho trabajar, estudiar, transitar y vivir en paz. Ningún sector puede creerse dueño de la voz del pueblo. La representación real no se impone a empujones; se gana con consenso y legitimidad ciudadana.
La Paz necesita debate, no enfrentamiento permanente. Necesita dirigentes que dialoguen antes de bloquear y ciudadanos que puedan disentir sin miedo a represalias. Porque una democracia donde todos gritan y nadie escucha termina dejando a la gente exhausta, dividida y frustrada.
ERIK J. LIMACHI LOAYZA
Docente Normalista, Comunicador Social.
erikjll@gmail.com
